Hace unos días sufrió un atentado el delegado del Transporte en el área suburbana de Acapulco, dependiente del Gobierno del Estado de Guerrero. Con éste, es el segundo que se da en la presente administración estatal, desgraciadamente en el primero de ellos falleció el entonces delegado del Transporte en el área urbana de Acapulco.

El grupo que conforman los concesionarios de camiones urbanos, taxis, colectivos, urbans y demás transporte en Acapulco, ha sido históricamente conflictivo y con un récord de muertes violentas impresionante. Los intereses en ese sector son muchos y complicados. 

La impunidad e influencias, con su dósis de manejo político-electoral han hecho que dichos personajes puedan hacer y deshacer en el puerto a su antojo. Y ahora, súmele también los piratas en cada una de sus modalidades en el transporte. Con lo que se le agrega además un riesgo mayor que es el de la entrada a los grupos delicitivos.

Los diputados locales, que serían quienes pudieran darle herramientas al poder Ejecutivo para meter en control a los concesionarios, por décadas se han mantenido apáticos, ya que en muchas de las ocasiones varios de ellos o son líderes del transporte o llegaron al cargo con el apoyo económico de ese grupo.

Los gobiernos del PRI utilizaron la entrega de concesiones como forma de comprar votos y crear parcelas polìticas en lugar de mantener el espíritu de toda concesión: darle un servicio eficiente y puntual a la ciudadanía. La forma de hacerlo fue perversa: Pusieron por encima del beneficio de la sociedad el beneficio a ciertos personajes, 

funcionarios y políticos (tanto oficiales como de oposición) en el reparto de concesiones.

En este gobierno estatal ya van dos funcionarios que han sufrido atentados, uno falleció y el otro sigue grave. Quien llegue a reordenar, no al cien por ciento, si no cuando menos en un 50 por ciento el servicios de transporte en Acapulco y Guerrero, merecería un monumento y el nombre de una calle, como mínimo.

Pero para éso se necesita conjuntar esfuerzos: Poder Ejecutivo (aplicando la ley), Poder Legislativo (dotando de elementos jurídicos para sancionar), Poder Judicial (sentenciando a los infractores) y Sociedad (observando una conducta ciudadana como no abordar camiones donde no sea la parada oficial, ni subirse en colectivos en los que van con 5 pasajeros)

Y la verdad, ésa posibilidad se ve muy lejana. Los problemas económicos, electorales y de seguridad no permiten ser optimista en ese sentido.

Una duda ¿qué ha detenido a los Legisladores locales para obligar a los concesionarios a traer un seguro que proteja al usuario del servicio? ¿porqué SIEMPRE han pensado en el concesionario y NO en quien utiliza la transportación? 

Disponer del seguro por parte de la unidad ayudaría en dos cosas: 1.- Protegería al usuario -que finalmente es por él porque se da la concesión, no para darle empleo a un chofer o empresario-. 2.- ¿Qué concesionario o chofer se animaría a traer más pasajeros -como es el caso de los colectivos- si el seguro no responderá por los daños al excederse en el pasaje reglamentario?

En fin… Ahí queda.

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