Carlos de la Peña Pintos
Pretender que las autoridades sanitarias puedan resolver toda la problemática de la salud pública o que tengan la obligación total de hacerlo, sin la ayuda de la sociedad civil, es en nuestros tiempos prácticamente imposible.
Como señala la OMS: la acción sanitaria ha dejado de ser el ámbito exclusivo de los especialistas médicos para incluir también políticos, economistas, abogados, comunicadores, especialistas en ciencias sociales y simples ciudadanos de todas partes.
Hoy la labor de las autoridades sanitarias es favorecer la participación de la sociedad civil, permitir y apoyar su asociación para poder interactuar de una manera organizada y planeada con objetivos comunes para llegar a la población y mejorar sus condiciones de vida en materia de salud.
Las autoridades deben reconocer sus limitaciones para dar cabida a la participación social.
Un ejemplo de ello son los jóvenes y adolescentes. Hasta que punto les estamos permitiendo de una manera suficiente se expresen en los problemas que viven de manera cotidiana.
Como perciben el aumento de los problemas de salud relacionados con estilos de vida, conductas de riesgo y circunstancias sociales adversas. Como ejemplo el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias tóxicas, accidentes y traumatismos, violencia y estrés, los problemas de salud mental y sexual.
Hoy los gobiernos de los tres niveles: federal, estatal y municipal tienen aun un terreno fértil para ser facilitadores a través de grupos multidisciplinarios, especializados en la elaboración de políticas públicas, con la participación de la sociedad civil organizada.
Es la mejor manera de poder permear en la sociedad para favorecer los cambios de actitud ante problemas que afectan a la colectividad.
De otra manera si se pretende que las políticas públicas y sus programas emanen sólo de la autoridad se verán como una imposición y difícilmente tocaran tierra, por que su lenguaje será distinto al de la colectividad.
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