Todo podrá sonar muy bonito en discursos, promesas, letras escritas… pero la verdad, es que para que Acapulco inicie su recuperación como destino turístico atractivo, es necesario pasar primero por solucionar de manera determinante la inseguridad en el puerto.
Hay dos aspectos en torno a la seguridad: la física que es primordial para evitar más pérdidas tanto de turistas como gente local; y aquí, hay que subrayar algo sustancial, la recuperación de Acapulco no puede pasar sin que la gente del puerto viva tranquila. Pedirle a los prestadores de servicios turísticos que brinden atención, hospitalidad adecuada, cuando no tienen la garantía de que llegarán con bien a sus casas después de salir de sus trabajos, debiera ser impensable… pero sí, eso se les piden a los trabajadores del sector turístico, cuando les dicen que no se quejen públicamente, principalmente en redes sociales, de la inseguridad porque asusta al turista potencial, y éste ya no viene.
El otro aspecto es la seguridad jurídica, el respeto a los derechos de quienes decidan invertir en Acapulco. La garantía de que no serán afectados por ilegalidades que les hagan perder sus patrimonios o inversiones de cualquier nivel.
Y es tan importante el tema que el pasado jueves 23 de enero el INEGI (organismo que concentra la información poblacional de México), dio a conocer los resultados de su encuesta en materia de percepción de seguridad en el país, dando el dato de que a nivel nación se ha incrementado el miedo entre la ciudadanía.
En el caso de Acapulco y Chilpancingo un promedio de 8 personas de 10 siente miedo en el sitio donde vive. Esto es un índice mayor al de diciembre del año pasado.
Lo lamentable es que precisamente ese día en que dieron a conocer los datos de la encuesta del INEGI, en el que la inseguridad la resienten cada vez más la población porteña, la alcaldesa de Acapulco haya declarado que se embargarían los hoteles abandonados que hay en Acapulco sino los rehabilitaban sus dueños.
Nada más insensible de decir lo anterior, cuando justo ese día hubo hechos violentos contra empleados de las empresas Corona, Coca Cola y Fud, en el que fallecieron dos y uno está herido, así como otra media doce de personas heridas en otras acciones. Debido a ello al día siguiente Coca Cola paró la distribución de sus productos en la ciudad, a lo que se sumó Bonafont dejando de surtir a domicilio, mientras no haya condiciones de seguridad.
En el caso de los edificios y hospederías abandonadas, ¿A poco las autoridades creen que los empresarios han dejado de invertir porque tienen ganas de que sus inmuebles se deterioren, en perjuicio de su inversión? No. La realidad es que las condiciones de un desarrollo económico sano, sostenido en estos momentos, al menos en el puerto, están lo más suave de decirlo: en pausa. Seamos serios.