POR: JOSÉ MANUEL LINARES ESPIL.
El proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en 2025 pretende ser un ejercicio histórico de democratización en México. Sin embargo, este ambicioso proyecto choca de frente con una realidad alarmante en el estado de Guerrero, caracterizada por una pobreza arraigada y una violencia implacable que, lejos de disminuir, parece haberse recrudecido en zonas emblemáticas como el puerto de Acapulco.
En este contraste entre la teoría y la realidad, surge una pregunta fundamental: ¿puede una reforma judicial verdaderamente transformar el acceso a la justicia en un contexto de desigualdad estructural, corrupción e inseguridad?
La Violencia Imparable en Guerrero
El puerto de Acapulco, que alguna vez fue símbolo de prosperidad y atractivo turístico, hoy representa el epicentro de una crisis de seguridad en Guerrero. Los homicidios, extorsiones y desapariciones han alcanzado niveles críticos. Las organizaciones delictivas no solo disputan el control territorial, sino que también han extendido su influencia al tejido social y político del estado, generando un clima de terror que parece inquebrantable.
En un contexto donde la violencia cotidiana es la norma, la ciudadanía se enfrenta a una paradoja: acudir a votar por aquellos encargados de impartir justicia, mientras el sistema judicial en sí parece incapaz de protegerlos de los estragos del crimen organizado.
La Pobreza como Obstáculo a la Justicia
Guerrero es uno de los estados con mayores índices de pobreza en México. Según cifras recientes, más del 60% de la población vive en condiciones de marginación. Esta situación no solo limita el acceso a servicios básicos como salud y educación, sino que también dificulta el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, incluyendo la participación en procesos electorales.
En este contexto, la idea de que los ciudadanos puedan elegir a los jueces y magistrados parece distante de sus preocupaciones inmediatas. ¿Cómo puede un campesino en la Montaña de Guerrero, que lucha diariamente por subsistir, interesarse en las credenciales de un candidato a magistrado? ¿Cómo puede un habitante de Acapulco confiar en la justicia, cuando la impunidad es la constante frente a los crímenes que lo rodean?
Un Marco de Incertidumbre
El proceso electoral de 2025 enfrenta enormes desafíos en Guerrero. La presencia del crimen organizado y su capacidad de intimidar o influir en las elecciones no puede ser ignorada. En un estado donde incluso las campañas de alcaldes y diputados han sido marcadas por amenazas y violencia, el riesgo de que este nuevo modelo de elección sea capturado por intereses ilícitos es real.
Además, la falta de educación cívica y el desinterés generalizado por el sistema judicial podrían derivar en una elección dominada por factores ajenos al mérito de los candidatos. En lugar de garantizar la independencia y la transparencia del Poder Judicial, existe el temor de que este proceso termine legitimando estructuras corruptas y perpetuando la injusticia.
Desesperanza Ciudadana
El contraste entre las promesas de democratización judicial y la realidad de Guerrero alimenta un sentimiento de desesperanza entre la población. Para muchos ciudadanos, la elección de jueces y magistrados se percibe como un ejercicio abstracto, desconectado de sus necesidades inmediatas.
En un entorno donde los asesinatos masivos, los desplazamientos forzados y las extorsiones son parte de la vida cotidiana, es difícil imaginar cómo la reforma judicial podría traducirse en cambios tangibles. ¿Cómo puede un juez electo garantizar justicia en un sistema permeado por la corrupción y la violencia?
La Justicia en Guerrero: ¿Un Ideal Inalcanzable?
Mientras los teóricos del derecho celebran la elección popular como un avance democrático, en Guerrero el ideal de justicia se diluye frente a la brutalidad de la vida diaria. Las instituciones encargadas de proteger y servir a la ciudadanía han fallado sistemáticamente, dejando a miles de guerrerenses atrapados en un ciclo de pobreza y violencia del que no pueden escapar.
En este escenario, la elección popular de jueces y magistrados podría convertirse en un símbolo de las contradicciones del sistema: una reforma que promete justicia, pero que se implementa en un estado donde esta sigue siendo una aspiración inalcanzable para la mayoría.
Reflexión Final
El proceso electoral de 2025 es, sin duda, un momento histórico para México. Pero en Guerrero, representa también un recordatorio doloroso de las brechas sociales, políticas y económicas que persisten en el país. Si la justicia debe ser verdaderamente accesible para todos, entonces no puede construirse sobre los cimientos de la violencia y la pobreza.
El reto para Guerrero no es solo elegir a jueces capaces, sino garantizar que estos puedan ejercer sus funciones en un entorno seguro, independiente y orientado a las necesidades de una población históricamente olvidada. De lo contrario, la esperanza de una justicia democrática seguirá siendo solo eso: una esperanza, vacía y distante frente a una realidad que no cambia.