Por: José Manuel Linares Espil.
“Cosas de Abogacía” | Linares&Asoc
El desfase normativo ante la transformación del derecho
En los últimos años, el derecho ha experimentado un proceso de modernización impulsado por la oralidad, la digitalización y la eficiencia procesal. La implementación de juicios orales en materias como la penal, civil, familiar, mercantil y laboral ha transformado profundamente la manera en que se ejerce la abogacía.??La ley arancelaria guerrerense, sin embargo, permanece anclada en un paradigma litigioso tradicional, fundado en actuaciones escritas y presenciales, sin ofrecer criterios claros para valorar la preparación de audiencias, la representación remota, o la intervención en procedimientos digitalizados. Esta omisión no sólo genera incertidumbre respecto a la justa retribución de los abogados, sino que también limita la profesionalización de los servicios jurídicos.
La nueva justicia digital y la necesidad de adaptación normativa
Con la próxima entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se institucionaliza la incorporación de tecnologías como la firma electrónica, los expedientes digitales y las notificaciones por medios telemáticos. Esta evolución normativa exige, de manera paralela, que el arancel profesional contemple nuevas actividades y gastos derivados de estos procesos, tales como:??- La gestión y resguardo seguro de información digital.?- La validación de identidad mediante certificados digitales.?- La inversión tecnológica necesaria para el ejercicio profesional moderno.??Además, resulta esencial considerar el uso de plataformas virtuales y videoconferencias como parte integral del servicio legal, tanto en procesos judiciales como extrajudiciales, incluyendo mediaciones, arbitrajes y asesorías.
Inteligencia artificial y el cambio en la naturaleza del trabajo legal
La irrupción de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico –como la generación automatizada de documentos, la predicción jurisprudencial o el análisis masivo de datos normativos– ha modificado las formas de trabajo en los despachos contemporáneos. Esta tendencia requiere una revaloración del trabajo intelectual del abogado, distinguiendo entre tareas de alto valor estratégico y aquellas que, por su grado de automatización, deben tener un tratamiento diferenciado.??Una nueva ley arancelaria debe incorporar estos elementos como criterios para definir honorarios con base en la complejidad real del servicio prestado y no sólo por la actividad formal realizada.
La invisibilización de la telemática en la práctica jurídica
Hoy en día, la abogacía no sólo se ejerce desde el tribunal. Los profesionales del derecho utilizan plataformas en línea para presentar demandas, consultar expedientes y sostener audiencias. Pese a ello, la legislación vigente en Guerrero no contempla ninguna forma de reconocimiento arancelario por el uso de sistemas de justicia telemática, ni por la disponibilidad permanente que el profesional debe mantener ante el dinamismo de estas plataformas.
La inflación jurídica: honorarios desactualizados, justicia comprometida
Por último, uno de los problemas más evidentes de la ley vigente es la total desvinculación entre los montos establecidos y la realidad económica actual. Las tarifas fijadas hace casi 70 años carecen de sentido práctico y resultan ofensivas para una profesión que requiere constante actualización, inversión tecnológica, formación continua y dedicación.??Además, la inexistencia de un mecanismo de actualización periódica –como una unidad de medida vinculada a indicadores inflacionarios– deja a los profesionales en una situación de precariedad jurídica frente a sus clientes y al propio sistema de justicia.
Conclusión: Por una nueva ley que dignifique la profesión jurídica
La derogación de la Ley Arancelaria Número 47 y la promulgación de una nueva norma que recoja los avances en oralidad, justicia digital, firma electrónica, inteligencia artificial y telemática no es solo una necesidad técnica, sino un acto de justicia para la abogacía guerrerense.??Una legislación moderna permitiría no solo establecer criterios más justos y funcionales para el cobro de honorarios, sino también elevar la calidad de los servicios jurídicos, incentivar la innovación en la práctica legal y fortalecer la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia más accesible, eficiente y profesionalizado.??Es tiempo de que Guerrero dé este paso legislativo necesario y se coloque a la altura de los estándares contemporáneos del derecho mexicano e internacional.