Por: José Manuel Linares Espil
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representa un paso decisivo hacia la modernización del sistema de justicia en México, con un enfoque en la oralidad, la transparencia y el acceso a la justicia mediante el uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, su implementación en estados como Guerrero enfrenta desafíos estructurales que van más allá de lo técnico, tocando profundas problemáticas sociales, económicas y políticas.
Desigualdad estructural y pobreza en Guerrero
Guerrero es uno de los estados con mayores niveles de pobreza en México. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 66.4% de la población en Guerrero vive en situación de pobreza, y un 25.5% enfrenta pobreza extrema. Esta realidad impacta de manera directa la capacidad del estado para implementar políticas públicas eficaces, incluido el CNPCyF.
La pobreza limita tanto la asignación de recursos por parte del gobierno como la capacidad de la ciudadanía para acceder a los servicios de justicia, especialmente en regiones rurales y marginadas donde el rezago institucional es más pronunciado.
Falta de presupuesto y voluntad política
A pesar de la obligación constitucional y legal de garantizar un sistema de impartición de justicia eficiente y accesible, el Poder Judicial de Guerrero enfrenta serias restricciones presupuestarias. Según informes del propio Poder Judicial, el presupuesto asignado es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, mucho menos para desarrollar infraestructura moderna o implementar sistemas tecnológicos avanzados.
La falta de compromiso tanto del Ejecutivo como del Legislativo se traduce en una partida presupuestal limitada para la modernización de las salas de oralidad, la adquisición de tecnología, la capacitación de personal y la creación de sistemas de justicia digital. Esta omisión pone en riesgo no solo el cumplimiento del CNPCyF, sino también el acceso a una justicia pronta y expedita, que es un derecho humano fundamental.
Violencia y justicia de género
Guerrero enfrenta además una crisis de violencia generalizada, con tasas alarmantes de homicidios, desapariciones y feminicidios. En este contexto, la implementación del CNPCyF cobra especial relevancia para garantizar un enfoque de género en la impartición de justicia. Sin embargo, la falta de personal capacitado en perspectiva de género y la ausencia de protocolos adecuados para atender casos de violencia contra las mujeres limitan la eficacia de las reformas procesales.
La violencia institucional, entendida como la falta de acceso a una justicia adecuada, agrava la situación de las mujeres y otros grupos vulnerables, perpetuando ciclos de desigualdad y violencia. Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Guerrero ha sido señalado por su deficiente respuesta a las declaratorias de alerta de género en diversos municipios.
Impacto de la violencia en la implementación de justicia oral y digital
La inseguridad también representa un obstáculo para la operación de sistemas judiciales en regiones controladas por grupos del crimen organizado. En estas zonas, el acceso a la justicia no solo es limitado, sino que el personal judicial enfrenta riesgos significativos para su seguridad. Esto afecta la implementación de las salas de oralidad, que requieren no solo infraestructura, sino también condiciones mínimas de seguridad para operar.
Adicionalmente, la brecha digital en Guerrero es significativa. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menos del 50% de la población tiene acceso a internet, lo que limita gravemente la capacidad de implementar sistemas telemáticos y digitales en la impartición de justicia, especialmente en comunidades marginadas.
Recomendaciones para superar los desafíos
- Aumentar el presupuesto del Poder Judicial: Es imprescindible que los poderes Ejecutivo y Legislativo destinen partidas presupuestales específicas y suficientes para la implementación del CNPCyF, priorizando la infraestructura tecnológica y la capacitación del personal judicial.
- Capacitación en perspectiva de género: Se deben desarrollar programas de formación para jueces, ministerios públicos y personal operativo, enfocados en justicia de género y atención a víctimas de violencia.
- Ampliación de infraestructura digital: Es necesario invertir en tecnología para garantizar que los sistemas de justicia digital y telemática lleguen a las comunidades más alejadas y marginadas.
- Coordinación interinstitucional: La implementación exitosa del CNPCyF requiere de una estrecha colaboración entre los tres poderes del estado, así como con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales especializados en el fortalecimiento del estado de derecho.
- Atención integral a las víctimas: Además de modernizar los procesos judiciales, es crucial implementar políticas públicas que atiendan las necesidades de las víctimas, especialmente en casos de violencia de género, ofreciendo protección y acceso efectivo a la justicia.
Conclusión
La implementación del CNPCyF en Guerrero no puede entenderse únicamente como un desafío técnico o jurídico, sino como una prueba de la capacidad del estado para responder a las necesidades de su población en un contexto de desigualdad, pobreza y violencia. Sin un compromiso político firme y recursos suficientes, la transición hacia un sistema de justicia oral y digital corre el riesgo de fracasar, perpetuando la desigualdad en el acceso a la justicia.
El CNPCyF representa una oportunidad para transformar el sistema judicial de Guerrero, pero su éxito depende de acciones concretas y sostenidas que prioricen la justicia como un derecho humano esencial. Este proceso exige la participación activa de todos los actores sociales, políticos y jurídicos, reconociendo que el acceso a la justicia no es solo una obligación legal, sino una deuda histórica con las comunidades más vulnerables del estado.
Fuentes de consulta
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). “Medición de pobreza en México.” www.coneval.org.mx
- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). “Informes de Alerta de Género en Guerrero.” www.gob.mx/conavim
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Estadísticas sobre acceso a internet en México.” www.inegi.org.mx
- Poder Judicial del Estado de Guerrero. “Informes anuales de labores.” www.tsjguerrero.gob.mx
- Senado de la República. “Discusión y aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.” www.senado.gob.mx