José Manuel Linares Espil [1]
Carlos Alberto Pascual Cruz[2]
“El principio de legalidad es enemigo radical de la arbitrariedad. La combate en sus raíces y sin él no es posible la existencia de las instituciones al mismo tiempo liberales y democráticas”.
Eduardo Pallares.
Nota introductoria
La reforma constitucional del poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. Antes de abordar esta propuesta específica, considero esencial realizar un breve recorrido histórico sobre las reformas al poder judicial en México desde la promulgación de la Constitución de 1917.
Desde su nacimiento, la Constitución de 1917 estableció las bases de un poder judicial independiente, con la creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el máximo órgano judicial. A lo largo de los años, diversas reformas han intentado fortalecer y modernizar el sistema judicial. Por ejemplo, en 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se llevó a cabo una reforma significativa que creó el Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de garantizar la independencia y eficiencia del poder judicial.
En 2011, durante la administración de Felipe Calderón, se implementó una reforma de derechos humanos que otorgó un nuevo papel a la Suprema Corte en la defensa de los derechos fundamentales. Esta reforma fue un avance crucial en la protección de los derechos humanos y en la consolidación del control de constitucionalidad.
Las reformas al poder judicial en México desde la constitución de 1917 han sido numerosas y abarcan diversos aspectos de la estructura, competencias y funcionamiento del sistema judicial. A continuación, se presentan algunas de las principales reformas:
- Reforma de 1934
- Se reorganizó la Suprema Corte de Justicia, reduciendo el número de ministros y estableciendo nuevas disposiciones sobre su elección y funciones.
- Reforma de 1951
- Se estableció la figura del amparo agrario para proteger los derechos de los campesinos y ejidatarios.
- Reforma de 1987
- Introdujo cambios significativos en el juicio de amparo, permitiendo su utilización en casos de derechos sociales y económicos, además de los derechos individuales.
- Reforma de 1994
- Se creó el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, excluyendo a la Suprema Corte de Justicia de estas tareas.
- Se aumentó el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia a 11.
- Se introdujeron cambios en el sistema de amparo, fortaleciendo su función protectora de los derechos humanos.
- Reforma de 1999
- Se reformó el artículo 94 de la Constitución, estableciendo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarían en su cargo 15 años sin posibilidad de reelección.
- Se crearon los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito como órganos fundamentales del Poder Judicial de la Federación.
- Reforma de 2008 (Reforma Penal)
- Introdujo el sistema de justicia penal acusatorio y oral, sustituyendo el sistema inquisitivo.
- Estableció medidas para garantizar juicios más transparentes y justos, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada.
- Reforma de 2011 (Reforma de Derechos Humanos)
- Incorporó el principio pro persona en la interpretación de los derechos humanos.
- Se fortaleció el control de convencionalidad, obligando a los jueces mexicanos a tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
- Ampliación del juicio de amparo para proteger todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
- Reforma de 2013 (Amparo)
- Profundizó la reforma de 2011, estableciendo un nuevo régimen del juicio de amparo.
- Ampliación de la procedencia del amparo indirecto y directo.
- Se incorporaron nuevos mecanismos para la protección de los derechos colectivos.
- Reforma de 2021
- Se establecieron cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.
- Creación de nuevos órganos como la Escuela Federal de Formación Judicial.
- Modificación en los procedimientos de designación de jueces y magistrados para garantizar mayor transparencia y meritocracia.
- Se fortaleció el Consejo de la Judicatura Federal en sus funciones de administración y disciplina.
Estas reformas han sido esenciales para adaptar el Poder Judicial a las necesidades cambiantes del país, mejorar la protección de los derechos humanos y garantizar una justicia más eficiente y accesible.
Ahora, en 2024, nos encontramos ante una nueva propuesta de reforma constitucional del poder judicial presentada por el presidente López Obrador. Esta propuesta ha generado un amplio debate en la sociedad mexicana, con opiniones tanto a favor como en contra. A continuación, abordaré los argumentos de ambas perspectivas para que cada uno de ustedes pueda formarse su propia opinión.
Datos específicos de la reforma propuesta en 2024
La reforma presentada por el presidente López Obrador incluye varios puntos clave:
- Creación del Consejo Nacional de la Judicatura: Este nuevo organismo estaría encargado de supervisar y evaluar el desempeño de jueces y magistrados, con el objetivo de combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el poder judicial.
- Elección popular de magistrados y jueces: La reforma propone que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros jueces federales sean elegidos por voto popular. Esta medida busca aumentar la legitimidad y la representación de los jueces.
- Reducción del periodo de los magistrados de la Suprema Corte: La propuesta incluye reducir el periodo de los magistrados de 15 a 6 años, sin posibilidad de reelección, para evitar el anquilosamiento en los puestos y promover la renovación constante.
- Fortalecimiento de la defensoría pública: La reforma plantea la creación de un sistema robusto de defensoría pública que asegure que todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos, tengan acceso a una defensa adecuada.
Argumentos a favor de la reforma
Uno de los principales argumentos a favor de la reforma es la necesidad de combatir la corrupción dentro del poder judicial. El presidente López Obrador ha enfatizado que existen prácticas corruptas que socavan la justicia en México y que esta reforma busca establecer mecanismos más estrictos para erradicar dichos actos. La creación del Consejo Nacional de la Judicatura es vista como una herramienta crucial para lograr este objetivo.
Además, la elección popular de jueces y magistrados se presenta como una forma de democratizar el poder judicial y hacerlo más accesible y representativo para la ciudadanía. La reducción del periodo de los magistrados de la Suprema Corte también es vista como una medida para evitar la acumulación de poder y fomentar la renovación.
El fortalecimiento de la defensoría pública es otro punto a favor, ya que se busca garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, sin importar su situación económica.
Comentarios de expertos a favor
El Dr. Juan Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, ha señalado que “la creación del Consejo Nacional de la Judicatura podría ser un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas en el poder judicial, siempre y cuando se garantice su independencia real del poder ejecutivo”.
La Dra. Carmen Ramírez, especialista en justicia y derechos humanos, ha comentado que “la elección popular de jueces puede acercar el poder judicial a la ciudadanía, promoviendo una mayor responsabilidad y alineación con las necesidades y expectativas del pueblo”.
El Lic. Pedro Gómez, abogado y defensor de derechos humanos, argumenta que “fortalecer la defensoría pública es una medida esencial para asegurar que los sectores más vulnerables de la sociedad tengan acceso a una representación legal adecuada y justa”.
Argumentos en contra de la reforma
Por otro lado, existen importantes argumentos en contra de la reforma. Uno de los principales es el temor a que la reforma pueda ser utilizada para concentrar más poder en el ejecutivo y debilitar la independencia del poder judicial. Críticos de la propuesta señalan que la elección popular de jueces podría politizar el poder judicial, haciendo que los jueces se vean obligados a actuar en función de intereses electorales en lugar de la justicia imparcial.
Asimismo, se ha señalado que la creación del Consejo Nacional de la Judicatura podría derivar en una nueva estructura burocrática que, en lugar de combatir la corrupción, podría generar más obstáculos y retrasos en la impartición de justicia. La eficacia de dicho organismo es un punto de preocupación, especialmente si no se garantiza su verdadera independencia y capacidad de actuación.
Otra crítica importante es que la reducción del periodo de los magistrados podría llevar a una falta de continuidad y estabilidad en el máximo tribunal del país, afectando la calidad y consistencia de las decisiones judiciales.
Postura del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha tomado una postura crítica respecto a esta reforma. Según el Instituto, “la elección popular de jueces puede poner en riesgo la imparcialidad del poder judicial, ya que los jueces podrían sentirse presionados por intereses políticos y electorales en lugar de actuar conforme a la ley y la justicia”. Asimismo, el Instituto ha expresado su preocupación por la creación del Consejo Nacional de la Judicatura, argumentando que “sin una verdadera independencia, este organismo podría convertirse en una herramienta de control político en lugar de un garante de la transparencia”.
Comentarios de expertos en contra
La Dra. María González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha expresado que “la elección popular de jueces es un arma de doble filo. Si bien puede aumentar la representatividad, también puede llevar a una politización excesiva del poder judicial, comprometiendo su independencia y objetividad”.
El Dr. Luis Hernández, analista político y profesor de derecho, opina que “la creación de nuevas estructuras burocráticas sin asegurar su independencia puede resultar en más corrupción y menor eficiencia en el sistema judicial”.
El Dr. Ricardo Torres, experto en administración de justicia, añade que “la reducción del periodo de los magistrados puede afectar la estabilidad del sistema judicial, ya que decisiones complejas requieren continuidad y un profundo entendimiento del marco legal”.
De lo anterior se colige que la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024 busca transformar de manera profunda el Poder Judicial Federal de México. Este proyecto es un reflejo de las promesas de campaña del presidente, enfocadas en combatir la corrupción, democratizar las instituciones y fortalecer el estado de derecho.
Contexto Histórico y Político
Para entender la magnitud de esta reforma, es crucial situarla en un contexto histórico y político. Desde su llegada al poder en 2018, AMLO ha promovido una serie de reformas estructurales con el objetivo de transformar radicalmente la vida pública del país. Estas reformas abarcan distintos sectores, incluyendo la educación, la energía y, ahora, el sistema judicial.
El sistema judicial mexicano ha sido históricamente objeto de críticas por su lentitud, corrupción y falta de independencia. La percepción de una justicia inaccesible y manipulada por intereses políticos y económicos ha minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
Marco de referencia y bibliografía
Para el análisis de la reforma constitucional del poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, se han utilizado diversas fuentes y referencias que abarcan tanto la historia de las reformas judiciales en México como los comentarios y posturas de expertos y académicos. A continuación, se proporciona un marco de referencia detallado junto con la bibliografía utilizada.
Marco de referencia:
- Historia de las reformas judiciales en México:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917: Documento fundamental que establece las bases del poder judicial en México.
- Reforma judicial de 1994: Implementada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, creando el Consejo de la Judicatura Federal.
- Reforma de derechos humanos de 2011: Promulgada durante la administración de Felipe Calderón, otorgando nuevos roles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la defensa de los derechos humanos.
- Propuesta de reforma constitucional de 2024:
- Documento oficial de la propuesta de reforma constitucional del poder judicial presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024.
- Declaraciones y comunicados oficiales del gobierno federal y de la Presidencia de la República sobre la reforma.
- Comentarios y posturas de expertos:
- Dr. Juan Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM: Comentarios sobre la creación del Consejo Nacional de la Judicatura.
- Dra. Carmen Ramírez, especialista en justicia y derechos humanos: Comentarios sobre la elección popular de jueces.
- Lic. Pedro Gómez, abogado y defensor de derechos humanos: Comentarios sobre el fortalecimiento de la defensoría pública.
- Dra. María González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: Crítica sobre la elección popular de jueces.
- Dr. Luis Hernández, analista político y profesor de derecho: Crítica sobre la creación de nuevas estructuras burocráticas.
- Dr. Ricardo Torres, experto en administración de justicia: Crítica sobre la reducción del periodo de los magistrados.
- Postura del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM:
- Comunicados y publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la reforma judicial de 2024.
Conclusión
En conclusión, la propuesta de reforma judicial que introduce la elección popular de ministros, magistrados y jueces en México representa un cambio significativo y controvertido. A primera vista, democratizar la selección de estos funcionarios podría parecer una medida para incrementar la transparencia y la participación ciudadana. Sin embargo, al analizar profundamente sus implicaciones, emergen serias preocupaciones que no podemos ignorar.
Primero, la independencia judicial es una piedra angular de nuestro sistema democrático. Permitir que jueces y magistrados sean seleccionados mediante elecciones populares introduce un componente político que puede comprometer su imparcialidad y objetividad. Esto podría llevar a que las decisiones judiciales sean influenciadas por intereses políticos y populistas, en lugar de basarse en principios legales y de justicia.
Segundo, la eficiencia y continuidad del sistema judicial se verían seriamente afectadas. El cese inmediato de aproximadamente 1,665 jueces y magistrados actuales crearía un vacío que dificultaría la resolución oportuna y efectiva de los casos. La transición abrupta podría ralentizar los procesos judiciales y generar una incertidumbre significativa en la administración de justicia, algo que afectaría directamente a los ciudadanos que buscan justicia.
Además, la calidad de la justicia está en juego. Basar la selección de jueces en popularidad, en lugar de en méritos y capacidades comprobadas, podría llevar a la elección de funcionarios menos calificados. Esto podría comprometer la calidad de las decisiones judiciales y, en última instancia, la justicia que se imparte en el país.
El aspecto económico tampoco es menor. Organizar elecciones para más de 1,600 cargos judiciales tendría un costo estimado de 22 mil millones de pesos, recursos que podrían ser mejor empleados en fortalecer la infraestructura y la capacitación del sistema judicial. En un país con numerosas necesidades, es fundamental evaluar si este gasto es justificable y si no existen alternativas más eficientes y menos costosas para mejorar el sistema judicial.
Finalmente, la protección de los derechos humanos podría verse comprometida. Las decisiones judiciales que han defendido los derechos de los grupos vulnerables podrían ser revertidas si los jueces se sienten presionados a tomar decisiones populares en lugar de justas. La independencia judicial es crucial para asegurar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, reciban protección y justicia.
Por todas estas razones, es vital que como sociedad participemos activamente en el debate sobre esta reforma judicial. Debemos exigir un análisis profundo y cuidadoso de sus implicaciones y buscar mecanismos que realmente fortalezcan la justicia en México sin comprometer los principios fundamentales que la sustentan. Solo así podremos garantizar un sistema judicial justo, independiente y eficiente que beneficie a todos los mexicanos.
México requiere ciudadanos de carne y hueso. La idea del fortalecimiento de una cultura democrática se logrará si se rescata al ciudadano. De lo contrario, no olvidemos la advertencia Orweliana: “la palabra libre aún existía en neolengua, pero sólo se podía utilizar en expresiones como “este perro está libre de piojos”, o “este prado está libre de malas hierbas. No se podía utilizar en su viejo sentido de “políticamente libre” o “intelectualmente libre”, ya que la libertad política e intelectual ya no existían como conceptos y por lo tanto necesariamente no tenían nombre” (Cfr. Orwell, George, 1984, Ediciones Leyenda, México, 2016, p. 214).
Muchas gracias por su atención y los invitamos a continuar reflexionando sobre este tema crucial para el futuro de nuestro país.
Bibliografía:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
- Texto completo disponible en el sitio web de la Cámara de Diputados: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Reforma judicial de 1994
- Cámara de Diputados. “Decreto de Reforma Constitucional de 1994”. Disponible en: Reforma Constitucional de 1994
- Reforma de derechos humanos de 2011
- Diario Oficial de la Federación. “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos”. Disponible en: Reforma de derechos humanos 2011
- Propuesta de reforma constitucional del poder judicial de 2024
- Presidencia de la República. “Propuesta de Reforma Constitucional del Poder Judicial 2024”. Documentos y comunicados oficiales disponibles en el sitio web de la Presidencia: Presidencia de la República
- Comentarios y posturas de expertos
- Entrevistas y artículos académicos de los expertos mencionados, disponibles en revistas jurídicas y en los sitios web de las universidades correspondientes.
- Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
- Publicaciones y comunicados oficiales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: IIJ-UNAM
[1] Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Empresarial y Fiscal, Maestro en Derecho Procesal Constitucional y de la Convencionalidad, Maestro en Juicios Orales Civiles y Mercantiles, Doctor en Derecho por el Centro Universitario México, Maestrando en Mediación y Conciliación por el Instituto para el Mejoramiento Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Titular del Bufete Jurídico Linares&Asociados, ExPresidene del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.
[2] Profesor investigador de la Facultad de Derecho del Centro Universitario México, CUM. Maestro en Derecho Penal y Juicios Orales. Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Guerrero, UAGro. Asociado a la firma legal “Linares & Asociados”. Fue miembro del comité de medios en el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C. Actualmente forma parte del Consejo Académico de la Revista Jurídica de Derecho Animal – IJ Editores, ISSN: 3008-7058, Argentina. ORCID: 0000-0002-6797-9685.