Jorge Laurel González
We are going to take the bad ones — the really bad ones — we are going to get them out, and we’re going to get them out fast.
Vamos a sacar a los malos, a los realmente malos, los vamos a expulsar, y los vamos a expulsar rápido.
Donald Trump. Presidente electo USA.
En un momento de creciente tensión política y social en los Estados Unidos, donde las políticas de inmigración han sido el centro de un debate feroz, el alcalde de Denver, Mike Johnston, ha dado un paso audaz al sugerir el uso de la policía local para proteger a las comunidades inmigrantes frente a posibles deportaciones masivas. Esta postura no solo es un acto de humanidad y coraje, sino que también subraya la importancia de que los líderes locales defiendan a las personas más vulnerables, incluso frente a políticas federales que pueden tener consecuencias devastadoras para las familias y las comunidades. La propuesta de Johnston llega en un contexto donde, una vez más, los inmigrantes están siendo utilizados como peones políticos en un tablero nacional que busca consolidar votos a través de políticas de miedo. Durante la administración de Donald Trump, las deportaciones masivas y las redadas de inmigración se convirtieron en una herramienta para mostrar mano dura, dejando a millones de familias en un estado constante de incertidumbre. Aunque muchos líderes locales se mantuvieron al margen o trataron de encontrar un equilibrio para no antagonizar al gobierno federal, Johnston está haciendo lo contrario: está tomando una posición activa para proteger a las personas que viven y trabajan en su ciudad. En los últimos años, las ciudades santuario han sido un faro de esperanza para las comunidades inmigrantes. Estas políticas no solo representan un compromiso con los valores de inclusión y diversidad, sino que también reconocen la realidad de que los inmigrantes son una parte integral de las comunidades locales. En Denver, como en muchas otras ciudades, los inmigrantes no son solo trabajadores; son vecinos, empresarios, padres, estudiantes y contribuyentes. Son parte del tejido social y económico que da vida a la ciudad. La sugerencia de Johnston de utilizar a la policía de Denver como una barrera para impedir las deportaciones masivas no es simplemente un gesto simbólico; es una afirmación de que las ciudades tienen el poder —y la obligación— de proteger a sus residentes frente a políticas que consideran moralmente cuestionables o socialmente perjudiciales. Además, esta postura envía un mensaje claro al resto del país: las ciudades no están dispuestas a ser cómplices en la separación de familias y en la destrucción de comunidades bajo el pretexto de aplicar la ley federal.
Una de las razones por las que la postura de Johnston es tan crucial es que refuerza la idea de que la policía local debe enfocarse en la seguridad comunitaria, no en la aplicación de leyes migratorias. Históricamente, la colaboración entre la policía local y las agencias de inmigración, como ICE, ha creado desconfianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden. Cuando los residentes temen que cualquier interacción con la policía pueda llevar a su deportación, se vuelven menos propensos a denunciar delitos, cooperar como testigos o buscar ayuda en situaciones de emergencia. Johnston entiende que la verdadera seguridad pública no se logra a través de redadas y deportaciones, sino a través de la construcción de confianza entre la comunidad y sus instituciones. Al rechazar el uso de los recursos policiales locales para facilitar deportaciones masivas, está priorizando una relación sólida y cooperativa entre los residentes de Denver y su fuerza policial. Esta decisión también reconoce que los recursos policiales son limitados y deben centrarse en problemas que realmente afectan la seguridad local, como el crimen violento, en lugar de ser desviados hacia un programa de deportaciones que desestabiliza a las familias y no mejora la seguridad pública. En un clima político donde a menudo prevalece la retórica divisiva, la postura de Johnston es un recordatorio de que los líderes locales pueden —y deben— actuar basándose en valores fundamentales de justicia, humanidad e inclusión. Proteger a las comunidades inmigrantes no es solo una cuestión de política; es una cuestión de moralidad. Las políticas de deportación masiva no solo tienen consecuencias inmediatas para quienes son detenidos y deportados, sino que también siembran el miedo en toda la comunidad, afectando la salud mental, la estabilidad económica y la cohesión social. Es fácil para los críticos argumentar que los gobiernos locales deberían simplemente cumplir con las políticas federales, independientemente de sus consecuencias. Sin embargo, como Johnston demuestra, la verdadera valentía política radica en desafiar políticas que son injustas y en actuar en defensa de los valores que definen a una comunidad. En este caso, esos valores incluyen la creencia de que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, merecen vivir con dignidad y sin miedo. La postura de Johnston debería servir como inspiración para otros líderes locales en todo el país. Frente a las incertidumbres de la política federal, las ciudades tienen el poder de convertirse en bastiones de justicia y humanidad. Denver, bajo el liderazgo de Johnston, está demostrando que es posible oponerse a políticas dañinas y, al mismo tiempo, construir una comunidad más fuerte y unida. En un país construido por inmigrantes y que se enorgullece de ser un crisol de culturas, es imperativo que los líderes defiendan a quienes son más vulnerables a las políticas de exclusión. Johnston no solo está cumpliendo con su deber como alcalde, sino que también está demostrando cómo el liderazgo puede ser una fuerza para el bien, incluso en tiempos de división. Denver está enviando un mensaje al resto de la nación: proteger a nuestras comunidades no es solo lo correcto, es lo esencial para construir un futuro más justo y compasivo. Mike Johnston, tiene claro que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
JLG